Causa estupor la ocurrencia de la derecha española de convertir a las corridas de toros en "bien de interés cultural" en el momento en que se debate su abolición en el Parlament de Catalunya. Parecen empeñados en construir un muro entre Catalunya y el resto del Estado español.
Al margen de los motivos espurios de dicha iniciativa, hay una razón profunda para rechazarla e, incluso, para considerarla inconstitucional. La fiesta de los toros es muy rentable económicamente y, como hemos visto, goza de un importante apoyo en todos las clases sociales. No es, desde luego, una tradición en peligro de desaparición. Salvo, claro, por las iniciativas cívicas del movimiento anti-taurino. Así que la declaración de bien de interés cultural tan sólo puede tener como objetivo proteger a los toros de dicho movimiento. Esto es inaceptable. El movimiento anti-taurino es un ejemplo de defensa democrática de una idea. Sus acciones orientadas a promover el debate, denunciar o promover por medio de una iniciativa legislativa popular la abolición, no sólo constituyen el ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos, sino que son el tipo de acciones que constituyen el meollo de una democracia.
Todos los ciudadanos están obligados a no destruir u obstaculizar tradiciones que son bienes de interés cultural. De manera que tal calificación convertiría en ilegítimo el ejercicio de un derecho. No se trata, además, de un pequeño grupo, excéntrico, sin argumentos y sin apoyo popular. Es muy probable que un referendum nacional al respecto hiciera vencer la balanza a su favor o, en todo caso, que mostrara la existencia de tan solo una pequeña diferencia.
Con esta extravagancia, los gobiernos aguerridos de Madrid y Valencia traicionan la confianza que la sociedad democrática ha puesto en sus manos al permitirles manejar conceptos tan delicados como "formas de vida valiosas". Tan liberales que se presentan y son la pesadilla del liberalismo: Stuart Mill probablemente diría que es mejor que algunas tradiciones y objetos culturales (realmente valiosos) perecieran ahogados por la indiferencia del público poco ilustrado, a dejar en manos del gobierno (aun democrático) la determinación de qué merece ser protegido.
Yo creo que es legítimo que un gobierno democrático proteja algunos bienes culturales que de otro modo desaparecerían por la miopía social, los intereses siniestros, la incultura, etc. Pero éste no es el caso, insisto, de la fiesta de los toros, cuya única "amenaza" parece ser la misma democracia.
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